El Congreso de Estados Unidos exige transparencia en la confiscación de dominios

Conocida como la operación “en nuestros dominios”, la confiscación de sitios por parte de del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, Homeland Security, parece haber entrado en una fase de debate público. Tras la renuncia al caso rojadirecta, admitiendo el propio gobierno un desistimiento en la causa contra el sitio, varios miembros del Congreso plantean la duda sobre este dudoso proceso y su transparencia.

Lo que los miembros del Congreso plantean es una duda razonable acerca de la forma de incautar estos dominios. Lo hacen a través de una carta dirigida al fiscal general Holder donde cuestionan los procedimientos de Homeland Security y la jurisdicción que les ampara cuando toman medidas para incautar las páginas que supuestamente violan las leyes de derechos de autor.
En la misma toman como ejemplo el caso de la web Dajaz1, una web de enlace que al igual que rojadirecta fue tomada y acusada de vincular enlaces a canciones con copyright. Más de un año después, el dominio fue restaurado, y como la web española, nadie aportó más información que un desistimiento de la causa.

El equipo de defensa de la página ha intentado desde entonces discutir el asunto pero el gobierno se ha negado a cooperar en el proceso. Finalmente se ha sabido que la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos jugó un papel fundamental en la extensión de la incautación, una información que se ha mantenido en secreto durante un año.
Según podemos leer en la carta del Congreso, los miembros indican que:
La censura de lo que parece ser un sitio legítimo se prolongó innecesariamente mientras que el propietario del sitio web no ha podido obtener más información. Además, el contenido del sitio especificaba muchos de los enlaces que contenían canciones con copyright.
Como resultado de esto estamos muy preocupados de que los organismos encargados puedan actuar con falta de investigación en el proceso.
Una carta que reabre un debate sobre la transparencia de estas acciones incluyendo siete preguntas, cada una de ellas pidiendo aclaraciones del proceso de identificación y la forma en la que se va a actuar en el futuro tras los casos de Dajaz1 y rojadirecta.
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